Gobierno mexicano concede asilo político a la familia Castillo
El gobierno mexicano otorgó este martes un salvoconducto a la esposa del expresidente Pedro Castillo que se encuentra detenido desde el 7 de diciembre.
Por otro lado, la ex primera dama Lilia Paredes se encuentra en una investigación preparatoria como autora del delito de organización criminal, previsto y sancionado en el artículo 317 del Código Penal del Perú, por el supuesto cobro de sobornos en la concesión de obra pública.
La noticia la dio a conocer la ministra de relaciones exteriores, Ana Cecilia Gervasi, informando que, la decisión se tomo en base en las obligaciones internacionales y en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El presidente mexicano López Obrador se ha pronunciado al respecto y se ha mostrado ha favor de que se realice un adelanto de elecciones en el Perú para poner fin a la crisis política que enfrenta el país y que ha dejado más de una veintena de muertos a nivel nacional.
López Obrador agrego “Nosotros tenemos las puertas abiertas para el presidente de Perú Pedro Castillo, para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos en Perú porque es nuestra tradición de política exterior”.
¿Qué es un salvoconducto?
Se trata de un documento de viaje que generalmente se otorga a peruanos en situaciones de emergencia tales como robo, pérdida, destrucción, deterioro del pasaporte entre otros. Cuenta con 30 días no prorrogables y permite a la persona regresar al Perú.
Perú declara persona no grata al embajador mexicano
Tras el anuncio de otorgar el salvoconducto a Lilia Paredes y sus hijos, el gobierno del Perú declaró persona no grata al embajador de México Pablo Monroy Conesa y le dio 72 horas para que abandone en país.
La ministra Ana Gervasi anunció la decisión de pedir al embajador mexicano que se retire del territorio peruano se tomó “por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país” sobre la situación política del Perú que constituyen “injerencia” en nuestros asuntos internos. Son, según la ministra, “violatorias del principio de no intervención”.
